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Guatemala: que la corrupción no tape al genocidio

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Guatemala vivió durante tres décadas un conflicto armado interno. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de más de 250.000 víctimas -entre muertos y desaparecidos- según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe divulgado en 1998 por el sacerdote Juan José Gerardi Conedera determinó que más del 90 por ciento de las masacres que se registraron en la guerra y que dejaron miles de muertos fueron cometidas por el Ejército de Guatemala[1]. Las prácticas propiciadas por el Estado entre 1981 y 1983 –exterminio, torturas, desapariciones, táctica de tierra arrasada, desapariciones forzadas, etc.- fueron perpetradas en su mayoría contra indígenas mayas de las comunidades rurales del país.

Según las apreciaciones de la ONU, los militares cometieron los delitos –entre ellos de lesa humanidad- arguyendo confrontar grupos armados y “por exceso” también cometieron crímenes violentos contra la población civil. Es difícil creer que la comunidad internacional no tenía información al respecto, dado que el 18 de julio de 1982 el entonces presidente de facto Efraín Ríos Montt fue citado en el periódico estadounidense New York Times diciendo a la población indígena como parte del programa Fusiles y Frijoles: “Si están con nosotros, los vamos a alimentar; si no lo están, los vamos a matar”.

Los acuerdos de paz que pusieron fin a la prolongada Guerra Civil de Guatemala, firmados entre 1991 y 1996, contemplaron, entre otros ítems “el restablecimiento de la democracia, el retiro del ejército de las funciones gubernamentales y el establecimiento de una comisión para la verdad histórica”[2]. Se trata de una docena de acuerdos que fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-.

La mediación de las Naciones Unidas dio como resultado algunos cambios en las dinámicas institucionales. Así, en 2006 se estableció, por medio de un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas, la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Su objetivo fue reforzar la capacidad del Estado de Guatemala para cumplir eficazmente sus obligaciones frente a las convenciones de derechos humanos -de las cuales es parte- y sus compromisos contraídos con arreglos al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de marzo de 1994[3]. Gracias a la CICIG, finalmente, en marzo de 2013[4] se llevaron a cabo los juicios y la sentencia por genocidio a Ríos Montt -aunque luego terminó en prisión domiciliaria-.

La CICIG significó una importante reforma en la aplicación de Justicia en el país, que fue determinante para el desmantelamiento de la red de corrupción que implicó la entrada en prisión de Otto Pérez Molina por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por su participación en una estructura criminal –entre otros procesos a políticos corruptos–. El general Otto Pérez Molina -su nombre de guerra fue “Mayor Tito Arias”-, fue presidente de Guatemala (2012-2015), también fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 1991, y representó al Ejército en la firma de los Acuerdos de Paz, habiendo sido miembro de la Junta Interamericana de Defensa. Durante el 2015, y bajo la consigna de “basta de corrupción” comenzó una oleada multitudinaria de manifestaciones que junto a las presiones de la CICIG, obligan al presidente y la vice presidenta a renunciar, ambos serian finalmente procesados.

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